Y Después del Fallo, ¿Qué sigue?
Es realmente desgarrador presenciar la situación que vive nuestro país con el contrato minero. Pero lo que resulta aún más desolador es la manera extrema en que cada uno de los actores ha actuado.
- El presidente y su gabinete, especialmente el ministro de Comercio, han permitido que un contrato perjudicial para Panamá pase sin considerar las graves implicaciones para la nación. Sus decisiones parecen poner los intereses de unos pocos por encima de los de toda la República.
- Los Diputados en la Asamblea Nacional, designados como servidores públicos, aprobaron el contrato sin siquiera leerlo, a pesar de contar con asesores legales pagados por los ciudadanos para revisar este tipo de documentos. Esta falta de responsabilidad socava la confianza en aquellos a quienes confiamos nuestra representación.
- Los negociadores del estado, algunos de ellos panameños, han actuado en contra de los intereses del país al favorecer a la empresa minera. Es una traición a nuestra propia nación, y resulta increíble que compatriotas estén participando en acciones perjudiciales para todos nosotros.
- La Corte Suprema de Justicia, que debería proteger el futuro de la nación, ha perdido credibilidad debido a señalamientos de falta de imparcialidad. Esto agrava la crisis de confianza en las instituciones fundamentales.
Todos, desde el sector agropecuario hasta los ciudadanos comunes, estamos afectados por la aprobación inconsulta del contrato ley 406 del 20 de octubre de 2023. Esta decisión afecta a nuestros hijos, a los emprendedores, a los pequeños negocios y a los profesionales. La desesperación se ha apoderado de todos nosotros.
Es crucial que entendamos que todos los involucrados en la aprobación de este contrato, ya sea por acción o inacción, comparten la responsabilidad de la crisis que enfrentamos. La falta de seriedad en abordar este tema ha creado un caldo de cultivo para los extremistas.
La solicitud insensata de derogar el Contrato Ley 406 revela desconocimiento, ya que no es una ley, y lanzar a las calles a manifestantes sin tener en cuenta las consecuencias es imprudente. Comprendemos la desesperación de quienes protestan, pero también instamos a que aquellos en el poder actúen con conciencia, considerando el daño multimillonario que puede causar una solicitud de derogación.
Además, es necesario destacar la desacertada presión sobre la Corte Suprema de Justicia. Forzar un fallo a favor o en contra no solo es inapropiado, sino que también socava la independencia del poder judicial. Después del resultado, surge la preocupación legítima sobre las reacciones de cada bando. ¿Qué vendrá después? ¿Cómo reaccionarán aquellos que obtuvieron el fallo deseado y cómo aquellos que se sientan agraviados?
Es hora de tomar conciencia de nuestro papel en esta situación. La apatía, la indiferencia y la comodidad nos han llevado a este punto. Necesitamos participar activamente en el ejercicio de la democracia y asumir la responsabilidad que conlleva. Si deseamos un país de primer mundo, es fundamental actuar con responsabilidad y compromiso.
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